lunes, 10 de noviembre de 2014

Malvinas: un intercambio de tierras por recursos marítimos

Debate.Carlos Escudé

La verdad es que las Malvinas están más lejos que nunca de ser nuestras, a pesar de la inicua usurpación de 1833. Estas no son cuestiones que se diriman con la vara de una presunta justicia. ¿Cómo olvidar que nosotros también perpetramos usurpaciones? Décadas después de perder las dichosas islas le quitamos vastos territorios al Paraguay. También les quitamos todo el sur argentino a los indígenas. Con esto sólo quiero cuestionar a los fundamentalistas cuya concepción es maximalista. Para ellos, una “negociación” debe culminar en la devolución de las tierras, junto con su jurisdicción marítima. En vistas del escaso poder argentino, esta expectativa está destinada al fracaso.

Si reconocemos que la recuperación de las tierras es imposible, entonces nuestro objetivo deberá orientarse a compartir los recursos de las aguas, a cambio de una renuncia a dichas tierras. En mi opinión, nuestra fórmula estratégica debe ser el reconocimiento del derecho de los isleños a las tierras, a cambio de un 50% de los derechos de explotación de sus recursos marítimos. Obviamente, toda renuncia formal a nuestro reclamo sobre las tierras deberá venir acompañada por un quid pro quo de la contraparte, que no debe ser otro que su renuncia a no menos de un 50% de los recursos marítimos en toda la extensión de la Zona Económica Exclusiva correspondiente a las Islas Malvinas, que debe quedar para Argentina. Esto se puede hacer pactando un consorcio marítimo de propiedad conjunta, o estableciendo una delimitación ad hoc que deje la mitad de los recursos en aguas argentinas.

Este desdoblamiento de tierras y derechos marítimos tiene precedentes que le dan viabilidad. Por ejemplo, según dispuso un Tribunal de Arbitraje de 1977, Jersey y Guernsey, islas británicas del Canal de la Mancha, están enclavadas en aguas francesas. Aunque las islas enfrentan por el norte a Inglaterra, su jurisdicción marítima está cercenada, y más allá de un angosto cordón en torno de las islas, las aguas son francesas hasta llegar al centro del canal. Esto es importante para nuestro caso porque es como si, más allá de una estrecha circunferencia de aguas malvineras, el mar al oriente de las islas fuera argentino hasta el límite de la Zona Económica Exclusiva.

Más aún, en un acuerdo del año 2000 se pactó no considerar el valor soberano de algunos islotes del Canal, para no distorsionar esa delimitación marítima. El caso siguió el razonamiento de Libia vs. Malta, resuelto por la Corte Internacional de Justicia en 1985. Esa fue una disputa interesante porque, al igual que en Malvinas, había hidrocarburos en juego.

La Corte falló que la pretensión maltesa de basar la delimitación marítima en líneas de equidistancia era inaceptable. Tampoco aceptó que, para adjudicar más aguas a Malta, se tuviera en cuenta el valor soberano de la deshabitada isla maltesa de Filfla. En cambio, aceptó el principio de proporcionalidad y la pretensión libia de que la disparidad entre las respectivas longitudes de las costas se compute a su favor.

Estas decisiones están en consonancia con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Por cierto, desde antes de que ésta entrara en vigencia se reconoce que, para que se aplique el criterio de equidistancia, debe existir cierta “paridad geográfica” entre las partes. Si ésta no existe, se debe adjudicar mayor peso a la que tiene costas más largas en la zona litigiosa. Por ende, la disparidad geográfica entre el continente argentino y las Islas Malvinas exige que la delimitación marítima entre ambas adjudique menor peso al archipiélago, desechando la proyección de sus islas más pequeñas, y adjudicando a la Argentina una franja de mar al oriente de Malvinas. Así, el archipiélago se convertiría en un enclave extranjero rodeado por nuestras aguas. Estas son las cosas serias y prácticas que ya podrían estar negociadas si hubiéramos abandonado la utopía. Compartiríamos hidrocarburos y recursos ictícolas.

Carlos Escudé es Investigador del CONICET y miembro consejero del CARI

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